Néstor-Hernando Parra

“Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo…” [1]

Colombia sigue siendo un país de grandes contrastes, comenzando por su biodiversidad, su geografía y su multietnicidad. El dominador común de su vida independiente -incluso como colonia- ha sido la violencia. El tema ha dado para analizarlo desde diferentes ángulos: político, jurídico, sociológico y económico. Hace 19 años, después de una investigación documental teniendo como eje la evolución constitucional, respaldada por las vivencias personales durante más de medio siglo (no en vano estoy en la cuesta de los 90) resalté en el libro “ENTRE LA DEMOCRACIA Y LA BARBARIE. Colombia, dos siglos en busca de gobernabilidad” la forma como los principios democráticos han sobrevivido a pesar de la violencia que impulsa la ley de la selva y que al persistir durante tanto tiempo ha terminado convirtiéndose en la subcultura de la supervivencia.

Los resultados de las elecciones presidenciales el pasado 19-J, conocidos a menos de una hora de cerrarse los urnas -tiempo récord-, consagraron a Gustavo Petro, un antiguo miliciano del M-19, exconstituyente, exsenador, como presidente para el periodo constitucional 2022-2026 y a Francia Márquez, una auténtica afrodescendiente, para la vicepresidencia quien sin duda fue clave para ganar. En el discurso pronunciado esa noche, después de que Rodolfo Hernández reconociera su derrota, el nuevo presidente propuso un “Acuerdo Nacional” un “Pacto Histórico” mediante diálogos regionales vinculantes con base en los tres ejes de su gobierno: paz, justicia social y justicia ambiental.

De inmediato, invitó a conformar un bloque de mayoría parlamentaria que den vida al Acuerdo, bloque que en menos de diez días ya estaba garantizado. Además, el presidente electo se reunió con el presidente Duque Márquez, con Rodolfo Hernández, su contendor en las elecciones, y con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. También ha anunciado los nombres del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y de Hacienda, José Antonio Ocampo. El equipo de empalme ministerial trabaja con la colaboración de los actuales ministros y jefes de departamentos administrativos. Sin pecar de optimismo y reconociendo la existencia de “fuerzas oscuras” que supuestamente se han mimetizado desde hace varios decenios en centros de poder, prevalece la sensación de que Colombia empieza a cruzar el umbralde la subcultura de la convivencia.

Durante el 15 y el 16 de septiembre de 2010 tuve el honor de presidir en la Universidad de Ibagué un conversatorio titulado “Cien años de Historia…” sobre el tema del conflicto y el postconflicto, que ya empezaba a insinuarse en la opinión pública. La centena de años la dividí en dos etapas: 1950-2010, lo vivido, y 2010-2050 lo por vivir. En ésta, se intentaba responder a las preguntas o retos enunciados y analizados colectivamente el primer día. Haciendo un repaso del documento base, encuentro la invocación a la Filosofía de la Paz a fin de crear ámbitos de convivencia en la sociedad, así como un Ética que induzca al ciudadano a adoptar valores tales como la tolerancia, el reconocimiento del otro, la solidaridad con los semejantes y con la naturaleza. Como puede apreciarse, términos cercanos a los ejes de la propuesta del nuevo presidente.

A la educación la mostraba como el camino para construir la paz: aprender a colaborar en lugar de competir, participar en la vida de la comunidad en vez de aislarse para sobrevivir como se pueda. Y, quizás exageraba cuando afirmaba: “El proceso del posconflicto será tan largo como el del conflicto…” De todas formas, la idea subyacente es que el cambio toma tiempo y tiene que nutrirse a través de un sistema educativo diseñado para convivir en comunidad. En pocas palabras, como lo expresó Francia Márquez durante la campaña, utilizando términos propios de su etnia: “para vivir sabroso”, sin miedo, sin discriminación, con alegría, con la familia, con su pueblo.  

Otros temas que se comentaron en el conversatorio tenían que ver con el aspecto jurídico y político: Sociedad entendida como una asociación natural de individuos de una misma especie en busca de seguridad, prosperidad, libertad, dignidad, igualdad y solidaridad con todos los demás y la naturaleza. Así surgen los derechos sociales y ecológicos. Estado, una ficción legal diseñada para la convivencia de diferentes grupos sociales en un determinado territorio. Y Espacio Público como el punto donde se encuentran estado y sociedad. Se ha repetido hasta el cansancio que Colombia tiene más territorio que estado. Y es un hecho evidente que ese vacío de poder lo ocupan guerrilleros y mafiosos de todas las especies. La solución, hasta el momento, ha sido la ocupación militar, pero tiene que ser fundamentalmente social, económica y política.

En cuanto a los grupos de presión con los que hay que negociar para tener gobernabilidad, tal como se comentó en el escenario citado, son todos aquellos centros de poder que fuera del estado controlan a su voluntad ciertos sectores o subsectores de la economía o del territorio. En Colombia desde finales del siglo XIX se impuso el modelo de estado centralizado -apropiado para tiempos de guerra- que ha puesto distancia entre la capital y algunas otras ciudades y el resto del país. Eso se concreta en la estructura del fisco. La descentralización -apropiada para ambientar la convivencia pacífica- estimula la participación ciudadana directa, no delegada. Así lo consagró la Constitución del 91, que hoy cumple 31 años de su aprobación, concepto de regionalización, cuya tímida reglamentación no ha propiciado avanzar hacia ese objetivo, que es un punto focal en el concepto de democracia.  

Hacia el nuevo horizonte de convivencia, la educación y la cultura son vías que hay que transitar de forma diferente a como se ha venido haciendo. Educación universal, desde la infancia, para infundir valores que propicien la convivencia pacífica, para empoderar a ciudadanos para que participen en las decisiones y realizaciones de las políticas públicas, que estimulen la creatividad y la innovación. No se trata simplemente de mostrar estadísticas, lo esencial es que la educación cambie cualitativamente. Para ello, es preciso contar con un profesorado idóneo, bien remunerado, que conozca y maneje nuevos sistemas pedagógicos, metodológicos y tecnológicos eficientes. Y esa formación de docentes toma tiempo y requiere compromisos firmes del estado, la sociedad y el gremio profesoral.   

En cuanto a la conformación étnica, según el DANE, el 9,34% de la población colombiana es negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Por contraste, la población indígena representa solo el 4,3% y la gitana o rom el 0.1%. Diferentes asociaciones han rechazado la metodología y las palabras que usan en las encuestas y censos de población pues estiman que la población negra representa entre el 15 y 20 por ciento.

Los indicadores socioeconómicos ubican a Colombia en el vergonzoso podio de países en los que predomina la desigualdad social -el 80% de la propiedad rural está en pocas manos-, con mayor índice de desempleo y empleo informal, de corrupción –alimentada por el narcotráfico y por las comisiones en contratos con entidades públicas-, y de endeudamiento. El régimen fiscal está plagado de exenciones a grandes inversionistas, en su mayoría extranjeros. Se caracteriza como una economía extractivista que hay que cambiar por una que fomente la creatividad, la producción y el empleo, comenzando por el agro.

Del rápido repaso anterior, se hace evidente la necesidad de legislar con el fin de dotar de instrumentos al gobierno para avanzar de forma democrática hacia los objetivos enunciados por el presidente electo. Sin embargo, no puede soslayarse la confusa e incierta situación global producto de la persistencia de la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, la crisis energética y la alimentaria, la inflación mundial, la confrontación comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos, la mayor inversión de los países de la Unión Europea en defensa y el fortalecimiento de la OTAN y la crisis democrática en Estados Unidos. Y, lo fundamental, la búsqueda de un nuevo orden internacional en el que la globalización se desinfla y hace imperioso que cada país busque soluciones internas, propias, en áreas prioritarias tales como la producción agrícola y la de energía, controlar la deforestación, es decir, poner el acelerador en la transición ecológica.

En el diseño de la política internacional del nuevo gobierno es imperativo integrar bloques económicos con países del área en búsqueda de acuerdos que complementen la satisfacción de sus respectivas necesidades. América Latina no puede seguir siendo un centro de explotación de las grandes potencias: Estados Unidos, China, Rusia. Los esfuerzos de integración comercial en América Latina, que se remontan a los años sesenta del siglo pasado, no han sido exitosos. Ahora, la situación internacional abre una vía hacia actuar de forma pragmática y equitativa en bloques pequeños y medianos en los que la cooperación sur-sur prevalezca. Y en ese escenario Colombia juega un papel geoestratégico de primer orden.

En cuanto al ordenamiento de la estructura de poder interno es imperioso reglamentar el concepto de regionalización a fin de empoderar las diversas zonas geográficas y sociales. Los mapas de los resultados electorales de los últimos años muestran nítidamente las zonas que están abandonadas por el gobierno central: la costa pacífica, la costa atlántica, la zona amazónica, parte de la zona andina y la de los límites con Venezuela y Ecuador.

En el citado Conversatorio, se debatió ampliamente sobre un actor invisibilizado durante el conflicto: las víctimas y entre ellas, de forma especial la mujer, así como el papel que puede jugar en el posconflicto. Es preciso recordar que, en la composición inicial de la Comisión del gobierno para las conversaciones en La Habana a partir de 2012, no había representación de esa población doliente, lo que meses más tarde se enmendó y por ello entre los organismos concertados para fortalecer el proceso de reconciliación se incluyó la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz.  

En la semana pasada el jesuita Francisco de Roux, un ser humano admirable y ejemplar, conocedor de los actores de la violencia y de las víctimas, que desde hace tres decenios se consagró a propiciar la recuperación de la convivencia en las zonas ribereñas al río Magdalena y que más tarde, con auspicio de la Unión Europea, llevó a otras zonas bajo el emblema de “Territorios de Paz”, en su calidad de presidente de la Comisión de la Verdad presentó su Informe Final. Se trata de una investigación en que el actor principal es la víctima, pues los victimarios tienen su protagonismo en la Justicia Especial para la Paz -JEP. Los dos ámbitos se han retroalimentado y los investigadores académicos y los estadistas disponen de documentos excepcionales para superar los perversos efectos del conflicto armado que ha padecido Colombia durante los últimos sesenta años. Estos instrumentos han logrado avanzar a pesar del sector político que no reconoce que haya habido conflicto. Y,  de los palos entre las ruedas que el gobierne saliente les puso a ambos.

Estos son los primeros rayos de luz de un nuevo amanecer que iluminan nuevos senderos de la convivencia pacífica entre los colombianos. Habrá nubes, nubarrones, una que otra tormenta, pero corresponde a todo el pueblo colombiano persistir en el tránsito hacia la solidaridad, la justicia y la paz.  

 Valencia, 4 de julio de 2022

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[1] Constitución Política de Colombia aprobada el 4 de julio de 1991.