El hambre no alimenta la alegría, así lleve el son en sus venas afrocubanas.  

Néstor-Hernando Parra

La conflictividad política en países de Latinoamérica y el Caribe no para. Sin duda el estallido social del 11 de julio en Cuba ha sido una sorpresa para el mundo por cuanto se suponía que el pueblo no se atrevía a protestar ante la férrea organización de control cívico y militar de la dictadura castrista. Sin embargo, la escasez de alimentos, la extensión de la pandemia, últimamente mal gestionada a pesar de los logros iniciales con la aplicación de su propia vacuna, y la imposibilidad del pueblo de utilizar medios de comunicación para expresar sus opiniones avivaron la protesta individual hasta hacerla colectiva y simultánea en diferentes localidades del país. La respuesta del gobierno de Miguel Diaz-Canel, como era de esperarse, ha sido la de una fuerte represión y una judicialización con sentencia inmediata. Más de 800 cubanos fueron apresados, de los que unos 500 aún están detenidos y unos 40 “en paradero desconocido”.

Hace pocos días, el mismo presidente de gobierno ha reconocido que la pandemia ha desbordado el sistema de salud pública, registrándose un creciente número de contagios y de muertes. Toda una tragedia que contrasta con la Cuba alegre de sones y poemas interpretados por famosas orquestas y cantados por voces inolvidables de mujeres y hombres de antes de la revolución con las que se identificaron los jóvenes de mitad del siglo pasado e incluso sus descendientes. Ahora, Silvio Rodríguez, el cantautor de la revolución, critica la fuerte represión del régimen y pide amnistía para quienes protestaron de forma pacífica. El hambre no alimenta la alegría, así lleve el son en sus venas afrocubanas.  

El bloqueo económico impuesto como sanción por Estados Unidos hace más de 60 años no ha cumplido su misión: derrocar el castrismo y reconducirlo hacia la democracia. Biden ha mantenido la política de su antecesor. En últimas, quien realmente padece los efectos adversos es el pueblo que se ve privado de alimentos, medicinas y divisas para gestionar su limitado comercio exterior. El control de las TIC impide al pueblo utilizar el internet. En plan de contrarrestar esta limitación, el Senado de Estados Unidos, por iniciativa de los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, el gobierno podrá establecer un fondo que permita a los cubanos el acceso libre a las redes digitales, lo que el régimen ha calificado como agresión. Queda pendiente la provisión de fármacos y materias primas, el restablecimiento de las remesas lo que puede paliar, al menos, la hambruna colectiva. Sin duda, Biden debe revisar a fondo la política con relación a la Isla.

Otra gran sorpresa ha sido el triunfo en Perú de Pedro Castillo, un maestro de escuela rural, sin experiencia en la política institucional, de origen nativo, indígena, por tanto, discriminado, ignorado por las elites limeñas. El rastreo de su hoja de vida indica que hace dos años se dio a conocer como líder de una huelga nacional de maestros. En su elección han participado grupos, movimientos políticos de extrema izquierda, posición ideológica con la que él se identifica. Su posesión tuvo lugar en Ayacucho donde el 9 de diciembre de 1824 triunfaron las tropas que le dieron independencia a Perú. Allí prestó el juramento de rigor. En las horas siguientes enfrentó la primera crisis al dar a conocer el gabinete ministerial encabezado por Guido Bellido, de padres campesinos quechua, a quien señalan como representante del médico Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, quien no podía ser candidato por estar inhabilitado mediante condena judicial por corrupción. La reacción inmediata dio lugar a que dos ministros, el de Hacienda y el de Justicia, no aceptaran inicialmente sus cargos. Cerrón se ha mostrado moderado y ha propuesto reformar la Constitución mediante un referendo.

La respuesta de Bellido fue contundente: “Lo he sufrido. Pero la discriminación más grande es que a los hijos de los campesinos nos quieren prohibir ser ministros, ser presidentes de la República, porque eso está reservado para un puñado de gente, para una clase. Estas afrentas que nos hacen, no es porque sea Guido Bellido, es porque nosotros venimos de un sector. Usted va a ver en estos días hechos más fuertes. En el Perú traemos esta carga. Este es un encuentro de culturas, y que tienen que entender que en este país cualquier ciudadano que tiene un DNI tiene derecho de ser presidente de la República.”

Por su parte, Castillo anuncia que su gobierno será independiente y pide respeto por los regímenes de Venezuela y Cuba. Algunos analistas prevén que tendrá un perfil similar al de Evo Morales en Bolivia. La ratificación del gabinete por parte del congreso no será fácil por lo que se prevé que antes del 26 de agosto, día señalado para el efecto, tendrá que pactar con otros partidos pues el suyo tiene escasa representación. En caso de que le sea negado, tendrá una segunda oportunidad y si en ella no obtiene la aprobación tiene que convocar a elecciones. Toco ello hace prever que Perú seguirá bajo la inestabilidad política, además agravada por los efectos de la pandemia que han colocado al país como el que más muertes ha registrado en el mundo por cada 100 mil habitantes.    

En Guatemala también ha habido sorpresas: los indígenas de diferentes etnias han logrado que a la protesta nacional convocada el 29 de julio pasado para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general Consuelo Porras, se sumen otros sectores populares, agrupaciones políticas como Unidad Revolucionaria Guatemalteca (MAIZ), Movimiento Político Winaq, el Movimiento Semilla, asociaciones de feministas, trabajadores, universitarios, religiosos y hasta empresas del sector privado. La chispa que encendió las protestas fue la destitución del Fiscal Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, por la fiscal general, acto que en opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH es un debilitamiento de la independencia de los operadores de justicia que representan “severos retrocesos en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país”.

Sandoval logró salir del país gracias al embajador sueco que lo acompañó hasta la frontera con Costa Rica, de allí partió a Washington, donde también están refugiados otros altos funcionarios de la justicia de anteriores gobiernos: Gloria Porras magistrada de la Corte Constitucional que no pudo tomar posesión de su cargo, la exfiscal general Thelma Aldana, Claudia Escobar, exmagistrada de la Corte de Apelaciones y Andréi González exfiscal de la FECI. Todos comprometidos en la lucha contra las mafias y la corrupción.  Contra lo que se conoce como el “pacto de los corruptos”.

Los orígenes se remontan al anterior gobierno, presidido por el actor Jimmy Morales Cabrera, quien en 2019 no prorrogó el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hecho que el Comisionado de la ONU, el colombiano Iván Velásquez, calificó como “una oportunidad perdida” que, sin embargo, ha calado en algunos nuevos movimientos políticos con clara vocación democrática. Esa Comisión logró poner en evidencia el genocidio étnico que durante 36 años se dio bajo diferentes gobiernos hasta que en 1996 se firmó un Acuerdo de Paz que, similar a lo que ha sucedido en Colombia, no se ha cumplido por falta de voluntad política, mientras grupos infiltrados o amparados desde el gobierno continúan asesinando a indígenas, crímenes que casi en su totalidad se quedan sin sanción penal.

En Nicaragua, Daniel Ortega, de comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que derrocó a la dictadura de los Somoza, hace 42 años, se ha convertido en un tirano caracterizado por la corrupción y el nepotismo, pues, junto con su esposa, Rosario Murillo, actual vicepresidenta, aspiran a ser reelegidos para un quinto mandato bajo la sigla del FSLN. En ese plan, está utilizando todo tipo de represiones -arrestos, expulsiones del territorio nacional, cancelando cartas de ciudadanía- contra quienes anuncian su intención de presentarse como candidatos: Félix Madariaga, Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Cristina Chamorro, la opositora con mayor opción, hija de expresidenta y de héroe del mismo FSLN, acusada de blanquear dinero y por tanto encarcelada.

Por su parte, Ortega alega que “no están juzgando a políticos o candidatos”, sino “a criminales que intentan organizar un nuevo golpe de estado”. Se refería a las protestas nacionales de hace 3 años que exigían la salida de Ortega y de Murillo. Según la CIDH, en esa ocasión murieron 328 personas, cientos de opositores fueron puestos bajo rejas y más de cien mil salieron al exilio. Esa experiencia ha calado en el pueblo por lo que no se arriesga a correr destinos similares. Recientemente, Ortega ha retirado a sus embajadores en México, Colombia, Costa Rica y Argentina en “reciprocidad” a que los respectivos embajadores ante Managua fueron llamados por sus gobiernos a consultas. Es posible que también retire sus representantes diplomáticos en la ONU, la OEA y España. El último Congreso sandinista controlado de forma personal por la pareja gobernante ratificó por unanimidad su candidatura para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en noviembre próximo.

Valencia, 16 de agosto de 2021

---