Néstor Hernando Parra
“..Podría decirse que Colombia está bajo el control de ocho grandes capitalistas colectivos, que controlan sectores o ramas fundamentales de la actividad económica…(y) trece conglomerados no vinculados a grupos financieros, pero que tienen también la característica de capitalistas colectivos;…cada vez los grandes grupos…concentran en sus manos más producción de bienes y cada vez hay menos capitalistas, pues los grupos tienen una mayor capacidad para eliminar eventuales competidores, en un proceso continuado de fusiones y adquisiciones.”
Julio Silva Colmenares [1]
Son múltiples los artículos y comentarios de autorizadas plumas nacionales y extranjeras que durante las últimas semanas se han publicado por diferentes medios de comunicación para analizar y comentar las protestas sociales, los disturbios y los enfrentamientos violentos entre la policía y los jóvenes manifestantes que dejan en varias ciudades colombianas cerca de cuarenta muertos, más de un millar y medio de heridos, escasez y encarecimiento de alimentos ante cierre de carreteras, destrucción de mobiliario público. Particular atención se ha dado en el exterior a los excesos y formas de represión de la policía que, como bien se sabe, en Colombia no es una institución civil, sino que hace parte de las Fuerzas Armadas.
Después de la renuncia del ministro de Hacienda Pública, que con su inoportuno e insensato proyecto de reforma tributaria prendió la mecha, y de la ministra de Relaciones Exteriores, supuestamente por disentir de la política interna con que se ha manejado el conflicto que ha dado origen a las críticas de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, el presidente de la República ha decidido entablar diálogo y negociar fórmulas que pongan fin a las protestas. Sin embargo, no hay claridad si en la Mesa de Dialogo están realmente representados los que participan en las protestas o los que ciertamente tienen poder para decidir.
No hay que olvidar que los posibles acuerdos a que logren llegar tienen que ser aprobados por el Congreso mediante leyes. Corregir de forma inmediata las causas de la imperante injusticia social y la creciente desigualdad no es posible, así que habría que adoptar una política de Estado -que tenga continuidad sin importar los gobiernos- tal como desde hace 18 años lo propuse al final del libro “Entre la Democracia y la Barbarie”: Pactos de Estado para la Gobernabilidad -PEG.
Lo cierto es que la puesta en valor de las nuevas políticas tomará tiempo para alcanzar su cometido. También, cabe recurrir, como ha sucedido en Chile a raíz de las cruentas protestas sociales de los últimos años, a referendos y elecciones para acordar un nuevo pacto social concertado en una asamblea constituyente. Sin embargo, la experiencia colombiana relativa a la Constitución de 1991 es desalentadora: muchos de los textos han sido modificados o suprimidos por recurrentes reformas constitucionales, y algunos de los que mantienen vigencia no han sido reglamentados o los han desfigurado.
El pasado domingo los chilenos eligieron -con una precaria participación- a los 155 miembros que deberán concertar la Carta Magna en la que consagren las normas superiores que marcarán el modelo económico -en plan de eliminar el nefasto neoliberalismo que ha imperado desde la dictadura de Pinochet-, las funciones sociales del Estado comenzando por la educación, la salud y la vivienda con miras a superar injusticias sociales, la pobreza y garantizar la igualdad de oportunidades, la lucha implacable contra la corrupción en todas sus versiones y una democracia civil en la que el poder militar esté claramente limitado.
Hoy, pienso que tengo mayor claridad respecto de los verdaderos actores con quienes hay que negociar. Por ello, me atrevo a afirmar que el papel del Gobierno es el de mediador entre los poderes económicos fácticos (agrarios, industriales y financieros) tal como los desvela el consagrado investigador de la economía colombiana Julio Silva Colmenares, citado en la entradilla, y la población anónima, discriminada y marginada del progreso. Lo importante es saber si los primeros están dispuestos a ceder parte de sus privilegios, de sus sólidos poderes, pues en plena pandemia esos “capitalistas colectivos” continúan aumentando sus ganancias. Asimismo, si quienes detentan el poder político asumen la responsabilidad de impulsar los cambios y la respectiva agenda.
Si se inclinan a “compartir sus cosechas “, tal y como lo hicieron los romanos en la época de los Cayo, comenzando por Tiberio que pagó con su vida su propuesta, mediante las diferentes formas de la lex frumentaria que estableció raciones de trigo para todos sus habitantes a precios subsidiados por el erario, una especie de ingreso básico mínimo. O a ejercer la liberalitas, donaciones ocasionales que hacían los dueños de la latifundia directamente a los beneficiados por el subsidio público. Así se combatía el hambre de la plebe urbana, la desplazada de los campos, de quienes regresaban de los frentes de batalla durante las guerras púnicas, y “con sus tumultos y disturbios afectaban la propia seguridad del estado”.
Ante el hambre y la falta de oportunidades de trabajo digno para las nuevas generaciones, es urgente ofrecer una educación adecuada a la demanda del mercado con énfasis en las nuevas capacidades tecnológicas y en un humanismo revitalizado que aliente el espíritu de convivencia, solidaridad y respeto por los demás, a fin de formar ciudadanos, con derechos y deberes, similar al misthos de Atenas, que lo incentive a participar y desempeñar funciones en la vida pública. Ese es un desafío global que enfrentan también los países altamente desarrollados y que tratan de superar mediante el fortalecimiento de inversiones públicas en infraestructuras, energías renovables, dotaciones sanitarias, construcción de viviendas sociales, e innovación educativa.
La historia de Colombia durante los dos últimos siglos es bien conocida: guerras civiles, conflictos sociales, lucha por el poder entre los dos partidos políticos tradicionales, violencia oficial y la consiguiente respuesta guerrillera a partir de la segunda mitad de los cuarenta del siglo pasado, que marcó un hito el 9 de abril de 1948. Partidos que hace tres decenios hicieron agua y dieron paso a múltiples caciquismos regionales.
Desde los setenta, el negocio de alucinógenos, primero en el tráfico, luego en el cultivo y después en toda la cadena de producción y distribución, contagió y alimentó a los grupos rebeldes y a algunos políticos. La respuesta institucional, respaldada por Estados Unidos, ha sido el fortalecimiento económico, tecnológico y estratégico de las Fuerzas Armadas, incluida la Policía Nacional. El resultado político: una democracia militarizada. Todo ese proceso lo he vivido desde mi época de estudiante.
Historia sobre la cual he escrito un libro, ensayos y artículos. También he tenido el honor de participar en debates, impartir conferencias y seminarios, primero en la facultad de Derecho, después en el máster en Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia, en calidad de invitado. A fin de cuentas, he sido testigo -y en ocasiones actor menor- del devenir político, social y económico de mi país. Por ello, siento necesidad de opinar y contribuir con mis razonamientos a lanzar mis reflexiones en medio de las tinieblas que hoy cubren los escenarios vitales de mi país.
Se repite hasta hacerla un tópico que, en Colombia, así como tantos otros países latinoamericanos, la estructura económica impuesta por los colonizadores se mantiene en cuanto los latifundistas siguen enseñoreados en el campo, incluso han ampliado sus dominios ante la expulsión de pequeños propietarios que han tenido que huir de la violencia guerrillera y de los paramilitares financiados por los grandes terratenientes. O en busca de trabajo, techo, salud, educación, oportunidades que la ciudad tampoco les procura.
Ese mismo modelo de concentración de poder económico se impuso en el sector industrial y con gran fuerza en el financiero que domina a su antojo el poder político en todas sus ramas, así como a los medios de comunicación de los que son propietarios, unas veces a través de serviles voceros y otras mediante representantes abiertamente reconocidos como tales. En ciertos periodos de prosperidad y de atisbos de progreso social, ante la presión de los habitantes de las urbes y coyunturas económicas internacionales favorables, se han registrado avances, aunque la desigualdad -así lo demuestra el índice GINI- siguió aumentando.
En este convulsionado siglo 21, ya van dos crisis globales: la económica y financiera del 2007-2015 y la de la pandemia con sus efectos sociales y económicos del 2020 que seguimos padeciendo y que ha cobrado más de ochenta mil vidas en Colombia, la que ha evidenciado la deficiencia y la ineficiencia de los servicios de salud en manos de particulares que la explotan como una mercancía más. Ese derecho fundamental, que es función del Estado y así está consagrada en la Constitución, la tienen delegada una cincuentena de empresas, algunas con capital extranjero. Algo similar sucede en la educación donde empresas familiares o comerciales se enmascaran bajo el antifaz de asociaciones sin ánimo de lucro, refundiéndose con las que realmente asocian a personas que se unen tras el bien común de brindar educación a la juventud, algunas de ellas en sus respectivas regiones.
A todo ese siniestro panorama, se une la expansión de la tecnología que viene expulsando mediante sus continuas innovaciones amplios sectores de trabajadores, hoy desempleados y sin una formación para el trabajo o profesional adecuada para las nuevas demandas laborales con lo cual ya se acumulan dos generaciones de jóvenes que sin ingreso económico quedan como pesca libre del narcotráfico, las guerrillas y la delincuencia común. Generaciones con profundas motivaciones para exigir a través de movilizaciones sociales oportunidades para transitar una vida digna y realizarse como ser humano, pero que hoy no tienen nada por perder, más allá de su propia vida.
A quienes protestan y se aferran a la desesperanza y a aquellos pocos que con su intransigencia no quieren ceder ni un ápice de sus poderes y privilegios, sugiero que miren la historia de Estados Unidos durante los cuatro mandatos de Franklin Delano Roosevelt durante la Gran Depresión, y observen con atención los pasos que está dando Joe Biden en busca de superar los estragos que también allá ha dejado el neoliberalismo. Y si miran hacia Europa, vale la pena detenerse en los países escandinavos en los que convive el capital con el derecho de los seres humanos a defender su dignidad y procurar el bienestar social de todos los ciudadanos.
La ancha vía de la solidaridad social es la salida.
Valencia, 18 de mayo de 2021
[1] “Los verdaderos dueños del país-2 De la monopolización precoz del siglo 20 a la transnacionalización audaz del siglo 21”. Ediciones Aurora. 2020
Visualizando las tendencias contemporáneas de la humanidad 