“Las nuevas coaliciones con frecuencia necesitan nuevas ideas e innovaciones institucionales”.

Acemoglu y Robinson[1]

Después de un intenso proceso, en un momento en el que la unidad de España está amenazada y hay quienes intentan retroceder la historia a la era fascista, acaba de constituirse el primer gobierno de coalición de la Transición, fruto de una alianza progresista, por el escaso margen de dos votos de mayoría de síes con relación a noes, entre 350. Este logro, después de tres elecciones generales en los últimos dos años, ha sido posible gracias al acuerdo programático del PSOE  con Unidas Podemos y sus partidos afines, de sendos pactos con el Partido Nacionalista Vasco -PNV y con otros partidos regionales pequeños, así como a la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña -ERC, en virtud de un Acuerdo de 10 puntos relacionado con el manejo del “conflicto político” entre el Estado y Cataluña en el que sobresale la “Creación de una mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político.” Conflicto político al que hasta el momento el gobierno no le reconocía tal calidad.  

En términos coloquiales, y en pocas palabras, puede decirse que se trata de ver la forma como se resuelve la aspiración de independencia de algunos partidos que representan a casi la mitad de los ciudadanos de la Generalitat, la posibilidad de realización de un referéndum regional y la amnistía de los presos y de los incriminados huidos  -refugiados en Bélgica, Suiza y Escocia- por los actos del 1 de octubre de 2017, cuando el Govern y el Parlament  organizaron y celebraron una consulta popular o referéndum a pesar de que el Tribunal Constitucional lo había prohibido por contrario a la Carta.

El Presidente Pedro Sánchez ha definido su gobierno como el del diálogo social y el diálogo territorial, mediante el cual aspira a que durante los próximos cuatro años se despejen las asechanzas que hoy mantienen en estado de alerta a los españoles, pues lo cierto es que los retos políticos no son solo al gobierno, sino a todos los españoles.

En cuanto a su espacio territorial, el eje central de la discordia parece ser fruto de la Historia del Reino de España que, cabe decir, es la sumatoria de antiguos reinos que se regían por sus normas forales, caracterizados por una cultura e incluso algunos con idioma propio. De allí que en el Preámbulo de la Constitución se incluyera en el segundo párrafo la voluntad de “Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones”. Además, en uno de sus artículos ratifica que “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”.

Así pues, el conflicto se da dentro del eje vertebrador de la Constitución contenido en el artículo 2º: “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Indisoluble, indivisible, pero también con nacionalidades y regiones regidas por sendos estatutos autonómicos concertados entre los respectivos parlamentos regionales y las Cortes -Congreso y Senado. Sin embargo, el Estado se reserva ciertas funciones exclusivas, indelegables, como la “Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.” (149.32)

Hacia ese mismo objetivo unitario, la Carta asigna a las Fuerzas Armadas la misión de “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”; señala que “El Senado es la Cámara de representación territorial” y determina que “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.” Sin embargo, el esquema de la organización territorial, basado en el de Alemania, no se completó y la forma de administración territorial quedó como asignatura pendiente para que el legislativo la desarrollara. Tarea que parcialmente cumplió con la expedición de las leyes que consagran los respectivos estatutos autonómicos (147), pero que, puede afirmarse, es función del constituyente, tarea no asumida por los partidos políticos quizá por una especie de temor a que si se “toca” la Carta Magna se desbarata el puzle armado en un momento excepcional.

Si bien es cierto que la Constitución no diseñó el modelo, o los modelos, para satisfacer de un lado el reconocimiento del sentimiento nacional en algunas regiones y del otro mantener la indivisibilidad del Reino, cabe resaltar que el propósito fundamental era restablecer la democracia -superar la dictadura- y poner a España en los raíles de la justicia social y la modernización. En este proceso, el Partido Socialista Obrero Español -PSOE, tiene méritos incuestionables por cuanto logró incorporar a los españoles al Estado de Bienestar propio de la social democracia -coincidiendo con la ideología de partidos de la Democracia Cristiana en algunos países- que desde la postguerra imperaba en la casi totalidad de los países europeos. Se le abona, también, el ingreso a la hoy llamada Unión Europea, y haber logrado la desactivación y disolución de ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Euskadi y Libertad) que sembró de terror y temor a los españoles durante más de cuatro decenios, movimiento con claros fines anti españolistas, defensa del idioma y el etnicismo, con miras a lograr la independencia de territorios vascos, tanto en España como en Francia.

En los cuarenta y un años de vigencia de la Constitución, y particularmente en los últimos diez, el tema territorial de Cataluña se ha exacerbado hasta tal punto que partidos nacionalistas han intentado desconocer el Estado de Derecho y proclamarse en “estado de desobediencia civil”, lo que ha propiciado la “judicialización” de un conflicto evidentemente político. De contera, los independentistas no han contado con el apoyo mayoritario de los catalanes, escindidos en dos bandos, lo que ha afectado la convivencia ciudadana y repercutido en la economía de la Generalitat. A tal situación se ha llegado después de que el gobierno anterior -presidido por Mariano Rajoy del PP- dio la espalda a la histórica y continuada aspiración de partidos políticos regionales, de izquierda y de derecha, de declararse nación independiente. Sentimientos y posiciones similares, aunque con diferentes formas de lucha y grado de intensidad, se registran en el País Vasco, Galicia y Navarra. En la Comunidad Valenciana y en Baleares también hay movimientos “nacionalistas”, aunque más centrados en el idioma y otros factores culturales.

El gobierno, cuya andadura ha comenzado con el aumento de las pensiones con base en la variación del IPC del 2019, está integrado por 11 ministras y 11 ministros, entre los cuales cabe destacar la asignación del Ministerio de Universidades en cabeza del académico y sociólogo de la era de la información, mundialmente famoso, Manuel Castells, cuota de uno de los partidos afines a Unidas Podemos, partido a cargo de una de las 4 vicepresidencias asignada a Pablo Iglesias.

La agenda de la coalición es prolífera en objetivos sociales y algunos de ellos concitarán la oposición unificada de los partidos de derecha -PP, Vox y Ciudadanos- por lo que se prevé que la legislatura tendrá episodios de extrema tensión dada la minoría de votos de los partidos concernidos en el acto de investidura, aunque no de gobernabilidad. Sin embargo, es previsible que otros cuenten con la aprobación, o al menos con la abstención, de la oposición por tratarse de temas sensibles políticamente por cuanto los beneficios -por ejemplo, del aumento del salario básico interprofesional- favorecen a todos los trabajadores españoles. Tales temas harán parte del denominado “diálogo social”.

El “diálogo territorial” tendrá dos frentes, el de Cataluña que lo atenderá directamente el presidente Sánchez, y el de las demás autonomías y regiones la ministra del ramo. En ambos, la transferencia de fondos para atender las competencias descentralizadas es responsabilidad del área económica. La determinación de los integrantes de la <mesa de diálogo entre gobiernos> será la primera escena de un proceso político en el que, además del fuerte rechazo de los partidos de derecha, los medios de comunicación y los sectores económicos se encargarán de amplificar las voces opositoras. Imaginable, asimismo, la proliferación de noticias falsas, verdades a medias, mentiras y ofensas en las redes sociales alimentadas por plataformas “amigas a la causa”.

Sin necesidad de tomar partido en el conflicto político de Cataluña, es importante resaltar que el proceso ha sido pacífico -aunque un poco tintado por la existencia de <grupos violentos> y excesos puntuales de las fuerzas de policía. Razón de más para que la solución pase por una mesa de diálogo entre políticos que tiene que complementarse con la superación de una atmósfera hostil y la construcción de un ambiente amigable entre todas las fuerzas políticas, similar a la que inspiró La Transición, y que posiblemente tendrá que desembocar -como aquélla- en un texto constitucional en el que se adopte un modelo de integración territorial con un poder central débil y regiones y autonomías con más fortalezas. Es un tema de equilibrio en el que todos tienen que aportar. De lo contrario, España seguirá rezagándose en un momento en el que los cambios tecnológicos, económicos, sociales y de comportamiento humano, se dan a gran velocidad e inciden en los gobiernos, la economía y en la sociedad.

El tema de la estructura de gobierno no es competencia de la Unión Europea, sino de cada Estado miembro, conforme su respectiva constitución. No parece, por tanto, que pueda jugar el papel de <mediador> o <amigable componedor> como si se tratara de la solución de un conflicto extrajudicial. Sin embargo, empiezan a sentirse ciertos tremores entre los tribunales de Europa y los de España en cuanto al tema de la inmunidad europarlamentaria, cuyo primer resultado ha sido que el mismo día de inicio del nuevo gobierno han tomado posesión como eurodiputados el anterior presidente de la Generalitat, Carl Puigdemont, y su exconsejero Antoni Comín, ambos <prófugos de la justicia española>. Simultáneamente, los tribunales de España niegan la inmunidad europarlamentaria al exvicepresidente Oriol Junqueras, líder de ERC, detenido, enjuiciado y condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación.

El horizonte de 4 años para la nueva legislatura puede verse un poco utópico dada la fragilidad de la aritmética parlamentaria de acuerdo con su composición actual. De allí la necesidad que tiene el Presidente de Gobierno de quebrar la compactación de la derecha hoy bajo la batuta de Vox, que hábilmente maneja el papel decisorio que juega en los gobiernos de Andalucía, Madrid y Murcia en coalición abierta con el PP y encubierta con Ciudadanos. Estratagema de la que Casado tiene que liberar al PP si quiere ejercer el papel de principal partido de la oposición. Ciudadanos, diezmado en las últimas elecciones, es posible que tenga que zafarse también de la coyunda de Vox y regresar a su ideario inicial como partido de centro.  Pero, lo fundamental para avanzar hacia la creación de un entorno político sereno y creativo que propicie la adopción de los cambios legales y constitucionales será mantener y robustecer la coalición progresista que acaba de empezar. En esa dirección, las movilizaciones sociales deben permanecer vigilantes y exigentes para que la coalición no pierda el rumbo y las vías tendientes a superar conflictos políticos y sociales de todos los españoles.   

Valencia, 16 de enero de 2020

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[1] “El pasillo estrecho”. Grupo Planeta (2019)